El gobierno cubano acaba de anunciar un programa piloto que consiste en cerrar los comedores públicos en cuatro ministerios, dándoles a sus trabajadores un estipendio diario de quince pesos cubanos (unos sesenta centavos de dólar) como compensación. Según la explicación oficial, la medida se adopta para ahorrar recursos eliminando las filtraciones hacia el mercado negro y también para reducir los subsidios y gratuidades estatales. Sin embargo, hay observadores que creen que la verdadera y única razón para el cierre es lograr una drástica reducción de las importaciones de alimentos. Examinemos la medida a prima facie.

Con el cierre, los que hasta ahora se han beneficiado con los comedores subsidiados tendrán que adquirir sus propios alimentos en otros lugares. Pero, ¿dónde? Si los suministros que recibían los comedores de los ministerios han de reasignarse a los mercados existentes, surgen varios problemas. Por ejemplo, los beneficiarios han estado concentrados en un cierto número de comedores, pero viven en otros lugares, dispersos en la ciudad de La Habana y obviamente los suministros no podrán reasignarse a esos lugares, sino que tendrán que ser absorbidos por el conjunto de dispendios de abastos. El hecho de que la medida está limitada a cuatro ministerios y no a toda una comarca plantea un desequilibrio que aparentemente no preocupa al gobierno. Lo que pudo haberse hecho fue cerrar todos los comedores simultáneamente en una zona dada, de manera que la reasignación de suministros fuera en la misma zona para estar accesible a los trabajadores afectados. Se supone que el objetivo del gobierno es mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos a su disposición, pero sin perjudicar a los trabajadores.

Pero, hay otras cuestiones de suma importancia: ¿Adónde van a comer ahora los trabajadores? ¿Permitirá el gobierno que surjan comedores privados que reemplacen a los públicos? ¿Cómo se van a reasignar los suministros que ya no irán a los comedores? ¿Se canalizarán por medio de la libreta de abastecimientos o irán directamente a los mercados libres? Cada alternativa presenta otros problemas. El uso de la libreta no sería aconsejable pues los trabajadores tendrían que ir a sus casas a la hora de almuerzo, aumentando la presión sobre el transporte público y necesitando más tiempo para ese menester, lo cual crearía más problemas, entre ellos la interrupción de los procesos productivos. De hecho, los comedores públicos se crearon para evitar esos problemas. Lo más adecuado parecería ser que los suministros liberados vayan a los mercados no racionados, de manera que puedan abastecer a los comedores privados o estatales que servirían a los trabajadores. Pero aquí surge otro tipo de problema: ¿A qué precios se van a vender los alimentos que así se ofrezcan? Los suministros que recibían los comedores públicos seguramente tenían precios controlados, sin ser necesariamente los del sistema de racionamiento. Si los comedores que reemplacen a los de los ministerios han de ser públicos, las filtraciones hacia el mercado negro continuarían. Por ende, es lógico pensar que para ganar eficiencia, el reemplazo del servicio prestado por los comedores de los ministerios debiera ser hecho por comedores (fondas, cafeterías o restaurantes) privados. Esta sería una forma de hacer desaparecer el mercado negro. Pero, ¿lo permitiría el gobierno? ¿Qué es lo que verdaderamente desean los gobernantes cubanos?

A pesar de la importancia de todas estas interrogantes, el gobierno no ha dado muestras de estar preocupado por ellas, lo que permite pensar que la principal cuestión no es ganar en eficiencia sino simplemente reducir los suministros, en especial los importados. Desde hace algún tiempo, el gobierno cubano está teniendo muy serias dificultades para pagar por las importaciones que el país necesita, lo que incluye los alimentos que consume la población. Mientras tanto, Ramiro Valdés hace un insólito planteamiento: que los cubanos dejen de depender tanto del “papá estado” para quebrar el paternalismo que se ha creado por los servicios gratuitos y los subsidios. ¿A qué se deben estas declaraciones precisamente en el momento en que se cierran estos comedores como preámbulo anunciado de que pronto se cerrarán todos? Parece que el verdadero mensaje a los cubanos es que el estado socialista no puede seguir manteniéndolos como hasta ahora, que ellos tendrán que valérselas por sí mismos. Pero, ¿les permitirá el gobierno las condiciones necesarias para esos fines? Desafortunadamente, la absoluta falta de transparencia con que se conducen los asuntos públicos en Cuba, incluyendo aquéllos que más afectan el nivel y la calidad de vida de los cubanos, impide hacer un análisis más certero de las medidas que toma el gobierno y  de las declaraciones públicas de sus personeros. Pero, aunque casi todo es secreto, hay una cosa cierta: en materia de política pública, en Cuba casi nada sucede por casualidad.

Ahora que el gobierno vuelve a convocar a los cubanos a debatir “abiertamente” sus problemas, todos estos temas debieran ser parte del intercambio. Esto representa una oportunidad para discutir qué piensa hacer el gobierno para enfrentar las consecuencias del cierre de los comedores y qué debe hacer la población, en especial los trabajadores afectados, para ayudar en las soluciones. Sin embargo, aunque estará prohibido cuestionar el socialismo como un modo permanente de organización del estado y de la sociedad, el evento es también una oportunidad para preguntarse dos cosas: ¿qué clase de socialismo construye el gobierno y cuándo va a terminar de hacerlo?

 

  ¹ Le agradezco a Jesús Marzo Fernández por informaciones de valor para este artículo, pero soy el único responsable por su contenido.

 

Miami, 2 de octubre de 2009