Informe 54 al pueblo de Cuba

Junio 22 de 1996

Crece el prestigio, nacional e internacional, de los abogados agramontistas, los periodistas y economistas independientes, y otros profesionales que en Cuba han formado asociaciones ajenas al régimen gobernante, que discrepan de él y denuncian los atropellos constantes a que se somete al pueblo. Todos ellos comprenden, y con su ejemplo convencen a más y más ciudadanos, que para poder rescatar a la república de su ruina creciente es necesario un régimen democrático que detenga el curso de la catástrofe causada por Fidel Castro y su farsa de un socialismo en el que nunca ha creído.

Los abogados agramontistas, vigilados y amenazados por los sicarios, con riesgo de su libertad e integridad personal, acuden a los juzgados y tribunales y, con su sola presencia, reprochan la actuación de jueces cobardes y esbirros brutales que inventan causas, crímenes y pruebas para intimidad y someter al pueblo. Esos abogados tienen el respeto y la gratitud de los cubanos al defender a los que han sido atropellados y encarcelados por protestar contra la corrupción e irresponsabilidad que arruina al país, o por actividades que son normales en cualquier nación en que las leyes se respetan, pero que en Cuba son delitos porque no tienen la aprobación de Fidel Castro.

Por su parte, los periodistas independientes se ganan la admiraciónde los amantes de la libertad en el mundo entero al informar, día a día, de los padecimientos, la alienación y el absurdo a que se somete a un pueblo que antes de Fidel Castro fue uno de los más prósperos de America Latina y que es hoy uno de los más pobres.

Los abogados cubanos asombraron al mundo  y se ganaron el respeto de la historia en marzo de 1959, cuando a pesar de que ellos y todo el pueblo se sentían jubilosos ante el triunfo revolucionario, fueron capaces de protestar contra el atropello jurídico que se realizó conra los pilotos, artilleros y mecánicos pertenecientes a la fuerza aérea durante el gobierno criminal y corrupto de Fulgencio Batista. El Colegio Nacional de Abogados, y los de La Habana y Santiago de Cuba estaban mayormente compuestos y dirigidos por abogados revolucionarios que favorecieron las severas penas contra los asesinos y torturadores al servicio de Batista. Pero, por estimar que se cometía una farsa legal, denunciaron el segundo juicio que condenó a aquellos pilotos, artilleros y mecánicos, que ya habían sido absueltos en un juicio anterior.

Una actitud semejante fue la de muchos periodistas cubanos, que sentían el mismo fervor revolucionario de la casit totalidad del pueblo, y que sin embargo protestaron en aquellos años de 1959 y 1960 de la coacción que se intentaba ejercer, o se ejercía, contra el derecho de la libre expresión. Protestaron de las amenazas veladas o descubiertas contra periodistas o empresas periodísticas que expresaban un criterio distinto al de la verdad oficial, que imponía, sin discusión posible, Fidel Castro.

Y es que aquellos abogados y periodistas comprendían que, para poder vivir en una democracia y garantizar a todo el pueblo la protección de su vida, libertad y bienes, es imprescindible el reconocimiento de una serie de derechos individuales básicos, que tienen que ser permanentes, establecidos por la ley, y ajenos al criterio prevaleciente del poder público, de los grupos partidistas o aun de la mayoría de la población, pues la historia demuestra repetidamente que esos criterios pueden ser cambiantes, y se convierten en tiránicos cuando ignoran al individuo o minoría discrepante.

El gobierno de la mayoría es una característica esencial del sistema democrático, pero no es la que lo define. La piedra angular de ese edificio político que es la democracia, su factor indispensable y definitorio, es el respeto a la minoría y a los derechos individuales del ciudadano.

En un régimen democrático, la vigencia de ese principio sólo se interrumpe cuando surgen circunstancias naturales o políticas que amenazan gravemente el órden público o la existencia misma del Estado. Cataclismos naturales, sediciones internas, invasiones extranjeras, son algunas de las causas, entre otras, que han justificado restricciones a los derechos ciudadanos y esto sólo por un tiempo limitado, previamente determinado por la ley. La experiencia histórica recomendó que los Estados practicaran esos principios si es que se querían lograr garantías permanentes de vida, libertad y bienes para todos los miembros del cuerpo social. Ignorar tales garantías abre las puertas a decisiones tiránicas, ya partan de individuos, de grupos políticos o de mayorías.

Esos abogados, periodistas, economistas y otros profesionales a que hemos hecho mención, se han pronunciado en muchas ocasiones sobre la situación calamitosa que ahoga al pueblo de Cuba, destruye sus ciudades, empobrece las forestas, contamina ríos y mares, desmoraliza a nuestra juventud, provoca ánsias de éxodo en cientos de miles o millones de cubanos y para muchos convierte la vida diaria en un sálvese el que pueda. Y repetidamente todos esos profesionales, de una forma u otra, han expresado ánsias de de cambio y propuesto medidas para la reconstrucción de Cuba.

Nostros también hemos hablado y escrito, rfepetidamente, sobre la situación angustiante en que vive la inmensa mayoría del pueblo cubano. Y hemos estado involucrados en estudios, seminarios, proyectos y planes que contemplan la reconstrucción de Cuba una vez libre de Fidel Castro y su comedia de un comunismo en el que nunca ha creído. Y hemos denunciado, repetidamente, que ese comunismo o socialismo o muerte que tanto proclma no son  más que el disfraz que oculta el hecho burdo de que es un tirano latinoamericano más, de los que tanto han manchado la historia de nuestro hemisferio y abochornado la memoria de sus pueblos.

Pero hechas esas denuncias, y elaborados todos esos planes para la hora de la reconstrucción de Cuba, creemos que los cubanos debemos establecer, firmes, como si estuvieran enraizados, clavados, en la plataforma insular, el derecho a la discrepancia y al criterio individual, expresados dentro del marco de la legalidad, y el deber de todos de respetarlos. Y que mientras más minoritarios sean los criterios discrepantes, aun hasta llegar al individuo aislado, mayor es el deber del resto de la población de garantizar y respetar esos derechos. Pensemos, cada uno de los cubanos, que pudiéramos pertenecer a una minoría, que inclusive algún día nuestro criterio individual pudiera ser discrepante del resto de la totalidad de la población. Y nos dará fe en nuestros destinos como pueblo, y solidaridad con el mismo, la convicción de que la discrepancia o individualidad serán parte de nuestros derechos inalienables. El gobierno de la mayoría y la representación minoritaria serán determinados por la ley, y el respeto y protección a todos los criterios serán base inconmovible de la estructura del Estado. 

Desde Washington, les habló Emilio Adolfo Rivero.    

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